EL DEBATE SOBRE EL ABORTO LEGAL EN ECUADOR

La legalización del aborto por violación no es un tema moral, es un tema de salud pública.

En el año 2013 Ecuador ocupaba el cuarto lugar en la lista de países del continente americano con la tasa más alta de fecundidad en adolescentes (de 15 a 19 años). Según el último informe, del año 2018, el país alcanzó el primer lugar en este listado. 

Cada día alrededor de 7 niñas menores de 14 años y 158 adolescentes de entre 15 y 19 años se convierten en madres en el país. Para el año 2015 se registraron 2.436 nacimientos, lo que corresponde a una tasa de natalidad específica de 3,05 nacimientos por cada 1.000 adolescentes de 10 a 14 años. Mientras que para el grupo de adolescentes de 15 a 19 años se registraron 57.743, que corresponde a una tasa específica de nacimientos de 76,50, según cifras del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Las cifras de partos de adolescentes son alarmantes, sin duda; pero algo que lo es mucho más son las cifras reflejadas en la Encuesta de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT) en la que se determinó que 9 de cada 10 adolescentes de 10 a 14 años tuvieron su primera relación sexual con personas mayores a ellas. De éstas, 8 de cada 100 se embarazaron de hombres de 30 años o más.

Es probable entonces que varios de esos embarazos no hayan sido consentidos, deseados o planeados. 

Muchas de las mujeres adolescentes que deciden continuar con su embarazo tienen complicaciones durante él o en el parto, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), siendo esta la segunda causa de muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo. 

Es aquí cuando entra el debate en cuestión. El tema del aborto legal es algo que va más allá de la ética y la moral. 

En el contexto político, si una mujer es violada y decide abortar irá a la cárcel, pues en el Ecuador el aborto es penalizado salvo dos casos, según el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el que se establece que: "se considerará un aborto como no punible cuando: se ha practicado para evitar un peligro en la vida o en la salud de una mujer y si es que el embarazo es producto de una violación a una mujer que tiene discapacidad mental".

Por su parte, en el artículo 149 del mismo documento consta que "la mujer que cause su aborto tendrá una sanción de pena privativa de seis meses hasta dos años", algo que es inconcebible tratándose de casos donde la mujer haya quedado embarazada al tener relaciones sexuales no consentidas.

Legalizar el aborto también tiene que ver con el ámbito social y económico del país. 

Al Estado le cuesta 5,4 veces más atender los embarazos no intencionados, frente al costo de prevenirlos, según la investigación Costos de Omisión en Salud Sexual y Reproductiva del año 2017, elaborada por varias instituciones. 

Cuando estos embarazos se dan en una adolescente, esta cifra asciende a 331 millones de dólares debido a las pérdidas sociales que contribuyen a la reproducción del círculo de la pobreza, inciden en la deserción o interrupción escolar, postergan los proyectos de vida, se limitan las oportunidades de un empleo digno, agudizando la pobreza e incrementando el número de hogares monoparentales. 

OTRAS VISIONES. En el año 2013 fue la última vez que la Asamblea del Ecuador debatió sobre la legalización del aborto en casos de violación. Hoy se vuelve a tomar en consideración este tema y las opiniones han sido variadas, no solo en la legislación, sino en la ciudadanía en general. 

Hay quienes defienden la vida desde la concepción, dicen. 

Desde el punto de vista científico, efectivamente, el cigoto es una célula viva desde el primer momento, pero no se lo considera un ser humano. No es sino hasta la semana 28 o 30 que se lo considera como tal, una vez que tenga un sistema nervioso y corteza cerebral que les permita tener sensaciones y conciencia de los estímulos como el dolor, al que aducen los que defienden la vida tanto del feto como de la madre. 

El problema central del aborto es que en la actualidad se lo realiza  de manera clandestina lo cual ha ocasionado la muerte de muchas mujeres. 

El centro de todo no es debatir sobre si el aborto es lo moralmente correcto o no, es debatir sobre la despenalización del mismo en casos de violación. No quiere decir entonces que de ser legal toda mujer embarazada deba abortar, pues la ley no las obliga a ello sino más bien les da la oportunidad de decidir en base a todos los factores antes mencionados.